Elena Ballestero (UH) El borrador de la nueva Ley de Turismo que prepara el Govern balear elimina las viviendas vacacionales como producto y solo se refiere a ellas de manera indirecta a través de las empresas de comercialización. Eso supone en la práctica que los propietarios de viviendas autorizadas deberán obligatoriamente darse de alta como empresarios turísticos o bien recurrir a una agencia de comercialización externa para comercializar sus negocios.
La medida ha despertado un gran malestar en Pollença, municipio que alberga un 90 por ciento del negocio y que debatirá esta noche en pleno una serie de alegaciones que buscan un reconocimiento expreso del producto.
Alegaciones
También han presentado alegaciones la Asociación de Propietarios de Viviendas Vacacionales y la Asociación de Empresas Turísticas Vacacionales, ambas con sede en el municipio y que representan a cerca e 1.500 propietarios.
Solicitan que se les equipare con otros productos turísticos reconocidos como los hoteles, hostales o agroturismos y piden idénticas facilidades a la hora de poder aprovechar infraestructuras como garajes o porches para habilitar servicios complementarios, como puede ser una piscina.
Los empresarios de viviendas turísticas vacacionales se sienten «discriminados» respecto al resto del negocio y temen especialmente las sanciones de entre 4.000 y 40.000 euros que contempla el borrador de la nueva ley para aquellos empresarios que comercialicen viviendas vacacionales no autorizadas previamente por Turisme.
La medida ha despertado un gran malestar en Pollença, municipio que alberga un 90 por ciento del negocio y que debatirá esta noche en pleno una serie de alegaciones que buscan un reconocimiento expreso del producto.
Alegaciones
También han presentado alegaciones la Asociación de Propietarios de Viviendas Vacacionales y la Asociación de Empresas Turísticas Vacacionales, ambas con sede en el municipio y que representan a cerca e 1.500 propietarios.
Solicitan que se les equipare con otros productos turísticos reconocidos como los hoteles, hostales o agroturismos y piden idénticas facilidades a la hora de poder aprovechar infraestructuras como garajes o porches para habilitar servicios complementarios, como puede ser una piscina.
Los empresarios de viviendas turísticas vacacionales se sienten «discriminados» respecto al resto del negocio y temen especialmente las sanciones de entre 4.000 y 40.000 euros que contempla el borrador de la nueva ley para aquellos empresarios que comercialicen viviendas vacacionales no autorizadas previamente por Turisme.
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