Los propietarios del Ullal de Pollença reclaman al Govern una indemnización de12 millones de euros

Elena Ballestero (UH). Los propietarios de la urbanización del Ullal, en el Port de Pollença, reclaman al Govern de les Illes Balears una indemnización de 12 millones de euros por el perjuicio económico que les ha producido, la eliminación del Área de Reconversión Territorial (ART) prevista inicialmente en el Plan Territorial de Mallorca (PTM) que preveía trasladar a esta zona la edificabilidad de Cala Carbó y que fue suprimida la legislatura pasada. Esperan además, que el Govern resuelva las alegaciones que han presentado contra la inclusión del Ullal en el Plan Hidrológico como zona húmeda y que podría dar lugar a un nuevo contencioso.
El origen de la disputa se remonta a hace una década cuando se comenzó a plantear la posibilidad de proteger Cala Carbó trasladando su edificabilidad hasta el Ullal, en el Port de Pollença. La medida, se llevaría a cabo a través de las denominadas ART.
Adquisiciones
Como ocurre en cualquier urbanización, para poder desarrollar la zona los propietarios debían disponer de un 60 por ciento de los derechos de edificabilidad de modo que algunos propietarios del Ullal compraron parcelas en Cala Carbó para facilitar el desarrollo del Área de Reconversión Territorial.
«Esta ART se ajustaba a derecho porque protegía Cala Carbó trasladando la edificabilidad a una zona degradada en el centro del Moll, el Ullal, una zona que además todos los técnicos sostienen que hay que urbanizar para completar la trama urbana el Moll», argumentan algunos de los afectados.
Al inicio de la legislatura pasada el Govern balear desclasificó la parte alta de Cala Carbó, eliminó la ART Cala Carbó-Ullal y aprobó el Plan Hidrológico que blindaba también contra la construcción la zona húmeda.
Los propietarios de Cala Carbó fueron los primeros en recurrir a los tribunales. Piden indemnizaciones por un importe de 30 millones de euros, al tratarse de suelo urbano consolidado.
Las demandas siguen su curso y el juzgado ha pedido recientemente a los peritos que realicen una valoración inicial de los terrenos.
En el caso del Ullal, las demandas se interpusieron a principios de 2012. Los propietarios reclaman al Govern de les Illes Balears 12 millones de euros por la supresión de la ART. Esperan además que el Ejecutivo autonómico resuelva sus alegaciones al Plan Hidrológico.